Por tercera ocasión en los cuatro últimos años, los educadores se acogerán a una huelga indefinida desde el próximo 23 de abril, en demanda de la derogación de la Ley 462, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
La decisión la tomaron el sábado, tras una reunión de varias organizaciones y advirtieron que ningún educador regresará a su aula de clases hasta que la ley sea derogada.
Esta medida la asumen, luego de una paralización de 24 horas, el 21 de marzo, y otra de 48 horas, el pasado 3 y 4 de abril.
En 2022, los educadores paralizaron las clases por más de cuatro semanas, debido al aumento de los combustibles.
Un año después, dejaron de laborar por seis semanas, entre octubre y noviembre, debido a la protesta nacional contra el contrato minero.
Autoridades educativas y gremios empresariales han pedido que no se siga perjudicando a los estudiantes con medidas de este tipo.
El Ministerio de Educación (Meduca) restó relevancia al último paro de dos días, al afirmar que 85% de los docentes estuvieron en sus puestos de trabajo, impartiendo clases.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino indicó que no hay vuelta atrás en el tema de la CSS y que no hará caso a las acciones de los grupos que calificó de ‘radicales’.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) plantea que los paros promovidos por gremios educativos «no tienen fundamento alguno».
Agrega que normalizar esa práctica implica «anular el objetivo de construir un país más equitativo y alineado con la modernidad».
En un comunicado divulgado la semana pasada, el concejo empresarial solicita que la política y el debate ideológico queden al margen de la actividad educativa.
