Una denuncia formal fue presentada ante la Contraloría General de la República de Panamá, solicitando con carácter urgente la realización de una auditoría forense exhaustiva a la administración de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), motivada por un presunto sobrecosto superior a B/.175,000.00 en una licitación adjudicada de manera directa, durante la gestión del actual rector Víctor Luna Barahona, a la empresa J.A.M. Marine Dockyard S.A.
La denuncia gira en torno a un proceso de adquisición de un servicio particularmente sospechoso: se trata de la instalación y montaje de dos grúas, para Buque Escuela Atlas III, cuyo costo final casi triplicó el valor original de los equipos. Para ponerlo en perspectiva, ambas grúas costaron en total menos de B/.100,000, pero el servicio de instalación y montaje fue facturado por B/.250,000.
Lo más llamativo del caso es que, según consta en los documentos, la cotización estimada para dicha instalación inicialmente no superaba los B/.68,000. La diferencia no solo resulta escandalosa, sino que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso y el uso racional de los fondos públicos.
Lo anterior agrava aún más la situación y compromete seriamente los principios de eficiencia, transparencia y probidad en la gestión pública, debido a que, para empeorar el panorama, la administración de Luna Barahona volvió a adjudicar, también de forma directa, un segundo contrato a la misma empresa, J.A.M. Marine Dockyard S.A. Esta vez, el servicio contratado fue el mantenimiento y reparación del Buque Escuela Atlas III, por un monto cercano a B/.2,000,000.00.
El patrón de adjudicaciones directas, junto con los montos elevados, genera serias dudas sobre la imparcialidad de los procesos y la correcta administración de los recursos del Estado, especialmente ante la presunta contratación de servicios condicionados.
La denuncia señala específicamente el proceso desarrollado durante la gestión del actual rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, correspondiente a la Licitación Pública No. 2023-1-91-0-08-LP-006580, cuyo objeto fue el ensamblaje, instalación, puesta en marcha y entrenamiento para el uso de grúas destinadas a los botes de rescate y salvavidas del Buque Escuela Atlas III.
Las grúas en cuestión fueron adquiridas en 2019, durante la administración del entonces rector Aládar Rodríguez Díaz. El valor de la compra fue de B/.42,000.00 para una de las grúas y B/.54,000.00 para la otra, sumando un total de B/.96,000.00.
De acuerdo con la documentación, el proveedor adjudicado para la compra de las grúas fue Grupo Index, S.A., una empresa especializada en la provisión de equipos y repuestos de última tecnología. Inicialmente, la instalación y el montaje de ambas grúas fueron cotizados en B/.68,000.00 por este proveedor, con planes de ejecución para el año 2020.
Sin embargo, con la llegada del señor Luna Barahona a la rectoría de la UMIP y los recortes presupuestarios provocados por la pandemia de COVID-19 -que, al parecer, afectaron todo excepto ciertos contratos- la continuidad del proyecto se vio alterada. Esto generó demoras y un curioso incremento progresivo de los costos, que, según la denuncia presentada, no encuentra justificación razonable.
Así, cuatro años después de la adquisición de las grúas, en 2023, el valor del servicio de instalación pasó de B/.68,000.00 a B/.250,000.00, es decir, más de cuatro veces el monto originalmente estimado.
Según la denuncia, un análisis técnico y económico concluye que el costo real estimado para los servicios solicitados debería ascender a aproximadamente B/.74,000.00. Esta cifra apenas supera en B/.6,000.00 el costo inicial ofrecido por el proveedor que suministró las grúas, quien ya había incluido en su propuesta todos los servicios licitados. Este leve aumento podría justificarse razonablemente por factores inflacionarios.
La diferencia total entre el monto adjudicado B/.250,000.00 -y el costo real estimado – B/.74,000.00- es de aproximadamente B/.176,000.00), lo que el denunciante, Capitán Manuel Marino, presidente del Grupo ProDefensa UMIP y miembro activo de la Asociación Panameña de Marina Mercante, califica como un “sobrecosto significativo” e “indicio claro de irregularidades administrativas y financieras”.
El proceso de adjudicación, de acuerdo con la denuncia, se realizó de forma directa a la empresa J.A.M. Marine Dockyard S.A. y ha generado serias interrogantes, no solo por el posible sobrecosto sino por la falta de participación de otros oferentes, lo que habría limitado la competencia y la posibilidad de obtener precios más favorables para la institución.
Por todo lo expuesto, la denuncia reitera de manera enfática la solicitud urgente a la Contraloría General de la República y al contralor Anel Flores De la Lastra para que se lleve a cabo una auditoría forense técnica y financiera especializada. El objetivo es esclarecer el destino de los fondos públicos involucrados, determinar posibles desviaciones en la administración de los recursos e identificar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios implicados.
