Una denuncia formal fue presentada ante el Consejo Superior de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), y ante el rector de esa casa de estudios, Víctor Luna Barahona, solicitando la remoción inmediata del cargo de Vicerrector Académico, el señor Roberto Aparicio Alvear, por considerar que su designación viola abiertamente el Estatuto Universitario vigente.
La denuncia, suscrita por el comandante Manuel Marino, presidente del Grupo ProDefensa UMIP y miembro activo de la Asociación de Oficiales de Marina (APOM), junto con los profesores universitarios Omar Wong Wood —secretario del gremio— y Marcos Roger Vigil —vocal—, señala que Roberto Aparicio Alvear no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 84, numeral 3, del Estatuto Universitario para ocupar el cargo de Vicerrector Académico.
Dicha norma establece que el aspirante debe contar con una licenciatura y una maestría en áreas vinculadas a la industria marítima, tales como ciencias náuticas, transporte marítimo, logística, puertos o disciplinas marino-costeras. Específicamente, se argumenta que el actual vicerrector, abogado de profesión, no posee formación académica ni técnica en ninguno de estos campos especializados, incumpliendo así el perfil exigido para el cargo según la normativa interna.
En ese siento anunciaron que interpondrán las acciones legales que sean necesarias para lograr la remoción o destitución del señor Aparicio Alvear para otorgarle algo de paz a la UMIP.
Según la documentación aportada por los denunciantes, Aparicio Alvear posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad de Panamá, 2006) y una especialización en Negocios y Derecho, lo cual no se enmarca en los campos técnicos exigidos por la normativa interna de la UMIP.
Los docentes sostienen que el rector Víctor Luna Barahona, al proponer el nombramiento de Roberto Aparicio Alvear, y el Consejo General Universitario, al ratificarlo, incurrieron en una “flagrante complicidad institucional”, al actuar en abierta contravención del marco legal interno.
En consecuencia, exigen que el Consejo Superior, en su calidad de máximo órgano de gobierno universitario, instruya al rector Luna Barahona a declarar la nulidad del acto de designación y proceda con la inmediata destitución del Vicerrector Académico Aparicio Alvear.
“La permanencia del señor Aparicio Alvear en ese cargo constituye un acto institucional viciado, contrario al principio de legalidad y al mérito profesional que deben regir la administración pública universitaria”, reza la carta enviada a la presidenta del Consejo Superior, la ministra de Educación Lucy Molinar.
La solicitud de remoción también fue remitida a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), lo que demuestra la gravedad con la que los denunciantes consideran esta designación.
En su escrito, advierten que tolerar este tipo de nombramientos compromete la legitimidad, el prestigio y la función especializada de la UMIP como universidad pública del sector marítimo.
Los firmantes invocan además el artículo 32 del mismo Estatuto, que impone al Consejo Superior la función de velar por el cumplimiento estricto de las normas que rigen a la institución, y solicitan un pronunciamiento urgente que restituya la legalidad y garantice el respeto a los procedimientos institucionales.
Esta situación se presenta en medio de un clima institucional ya tenso, luego de que se denunciaran públicamente presuntas irregularidades en el proceso electoral universitario que permitió la reelección del rector Víctor Luna Barahona, quien además impulsó el cuestionado nombramiento de Aparicio Alvear.
En efecto, los mismos denunciantes han advertido anteriormente que durante dicho proceso electoral, miembros del Comité Electoral, habrían participado en la falsificación de actas y resoluciones, dando paso a un resultado viciado y potencialmente fraudulento. La Fiscalía Anticorrupción adelanta las investigaciones.
Estas acciones podrían configurar delitos contra la fe pública y fraude procesal, según lo han señalado ante instancias como el Ministerio Público, la ANTAI y el propio Consejo Superior.
La denuncia sugiere que el nombramiento irregular del Vicerrector Académico sería parte de un esquema de cooptación institucional dirigido desde la rectoría en beneficio de una continuidad ilegítima en el poder.
“La UMIP no puede seguir siendo administrada como si fuese un feudo particular. Los cargos deben responder a perfiles técnicos acordes a la misión institucional, no a intereses personales o alianzas políticas internas”, señalaron los profesores Wong y Vigil.
El caso ha despertado inquietud en varios estamentos universitarios y en el sector marítimo nacional, dada la importancia estratégica de la UMIP en la formación de profesionales del mar. Varios docentes ya han expresado su respaldo a la solicitud de remoción, calificando como indispensable que se restituya el principio de legalidad en todos los niveles de la gestión universitaria.
De no tomarse medidas correctivas prontas y efectivas, advierten los denunciantes, el Consejo Superior podría incurrir en omisión de funciones, al permitir la permanencia de una autoridad que no cumple con los requisitos legales y académicos exigidos por la propia normativa institucional.
