El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 40-26, cuyo objetivo es modernizar, unificar y fortalecer el marco jurídico de la industria cinematográfica y audiovisual nacional.
La iniciativa deroga la Ley 16 de 2012 y actualiza el régimen especial para dotarlo de mayor certeza jurídica, competitividad e instrumentos de fomento equiparables a los de países líderes de Iberoamérica.
Se destaca que la actual ley se elaboró en un momento en que el cine panameño era aún incipiente y, por ello, se basó en gran medida en modelos de derecho comparado más que en una experiencia local consolidada. Trece años después, con un poco más de 100 películas panameñas producidas, el gremio de la industria cinematográfica y audiovisual se encuentra más fortalecido y con un mayor aprendizaje sobre las particularidades de nuestro mercado.
El informe de exposición de motivos destaca que Panamá compite desde un mercado pequeño, por lo que requiere reglas claras, incentivos eficaces y coordinación interinstitucional eficiente para atraer inversión, generar empleo creativo y técnico, así como promover la circulación de obras de forma internacional para atraer turismo.
Añade que, sin una intervención legal integral, el país pierde la posibilidad de atraer rodajes internacionales de alta gama, dejando esa inversión extranjera a merced de países con mejores y mayores atractivos incentivos.
En la actualidad, el crecimiento del sector se encuentra amenazado ante países como Colombia, República Dominicana, Uruguay, México, Chile y España, los cuales han actualizado sus regímenes con incentivos altamente competitivos, infraestructura robusta, ventanillas únicas funcionales y políticas de exhibición activas.
Con el proyecto, se presenta un paso decisivo hacia la consolidación de un sector que, en poco más de una década, ha demostrado su capacidad de generar cultura, empleo, identidad y proyección internacional.
La iniciativa proyecta un Fondo Cine más fortalecido, un régimen de incentivos competitivos, reglas claras de acceso y mecanismos de formación y preservación, con los cuales Panamá podrá atraer mayores inversiones extranjeras, estimular la creatividad nacional, dinamizar la creación de plazas de trabajos y garantizar que las futuras generaciones encuentren en el sector un espacio de expresión, educación, desarrollo y sostenibilidad profesional.
Esta propuesta destaca el documento es una política cultural que reconoce el valor de la cinematografía y el audiovisual como motor de identidad y cohesión social, al tiempo que lo proyecta como industria capaz de diversificar y dinamizar la economía y generar beneficios transversales en turismo, servicios, logística, tecnología y educación.
El Gabinete facultó a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, a presentar esta iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional de diputados para su discusión y aprobación.
