En Panamá se ha aprobado el Proyecto de Ley No. 19, que extiende horarios en centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Caja de Seguro Social (CSS).
Al respecto, un especialista en gerencia hizo los siguientes razonamientos sobre esta iniciativa que también amerita ser puesta en la balanza para el criterio de la ciudadanía.
El profesional argumenta que esta decisión, lejos de representar un avance, constituye un error técnico, legal y económico, que se intenta vender a la población como un “beneficio”, cuando en realidad es un retroceso peligroso para la salud pública.
1. Legislando desde el desconocimiento
Resulta imposible ignorar el nivel de desconocimiento técnico evidenciado por algunos de los promotores de esta ley. El diputado Carlos Tito Afú llegó a afirmar públicamente que “los ratones y las culebras no pican hasta las 3 de la tarde”, como argumento para justificar la extensión de horarios.
Esa frase no solo es irresponsable: Es una burla a la ciencia, a la medicina y a la gestión sanitaria.
Las emergencias no tienen horario, pero tampoco se resuelven abriendo puertas sin capacidad técnica. Legislando con frases de sobremesa no se construye política pública.
2. Atención primaria no es urgencia
Los centros de salud no son hospitales. Son instalaciones de atención primaria, diseñadas para prevención y atención básica.
No cuentan con:
•infraestructura crítica,
•personal especializado,
•medicamentos de alta complejidad,
•ni capacidad resolutiva para emergencias graves.
Extender horarios no cambia su nivel de atención.
Solo crea una ilusión de cobertura que pone en riesgo a la población.
3. La gran mentira de las picaduras de serpientes
Se ha usado el argumento de las picaduras de serpientes para justificar esta ley.
La realidad legal y técnica es clara:
•En Panamá no existe ningún centro ni institución que produzca antivenenos de serpientes propias de la región.
•Todos los antivenenos son importados, costosos, de baja rotación, alto vencimiento y requieren cadena de frío.
•Su manejo corresponde a hospitales de segundo y tercer nivel, no a centros de salud.
Pretender lo contrario es desinformar deliberadamente a la población.
4. El impacto económico que nadie quiere decir
Esta ley implica:
•aumento de planilla,
•más gastos en servicios básicos,
•seguridad, insumos y logística,
•duplicación de funciones hospitalarias.
Todo esto será pagado con dinero público, en un sistema ya tensionado, con salarios desfasados y personal sobrecargado.
Desde el punto de vista legal y gerencial, esto viola el principio de eficiencia del gasto público y demuestra ausencia total de planificación.
5. Responsabilidad del Ejecutivo
El Gobierno Nacional, con el aval del presidente José Raúl Mulino, sancionó esta ley bajo la narrativa de “mejorar el acceso”.
Pero mejorar el acceso sin capacidad resolutiva es engañar al pueblo.
Se le hace creer a la población que se le está haciendo un bien, cuando en realidad se le expone a:
•atención inadecuada,
•falsas expectativas,
•y mayor riesgo sanitario.
6. Conclusión
El Proyecto de Ley No. 19 no es una solución, es un problema maquillado de buena intención.
Es el resultado de legislar sin escuchar a los profesionales, sin base legal sólida y sin entender cómo funciona el sistema de salud.
Cuando la ignorancia legisla,
la salud pública pierde,
el Estado gasta,
y la población paga las consecuencias.
Este no es un avance. Es un error que aún puede corregirse, concluyó el especialistas en gerencia de salud, quien pidió reserva de su identidad.
